“30 años de cárcel para jueces y fiscales corruptos”

El sistema judicial boliviano atraviesa actualmente una de sus peores etapas. Se caracteriza por una corrupción estructural que se ha vuelto común en todos los niveles. Actualmente, el país se encuentra entre los sistemas judiciales más corruptos de la región. Constantes denuncias se dirigen contra fiscales y jueces que exigen pagos ilegales a cambio de sentencias favorables.

Ante esa realidad, el candidato a diputado por Quillacollo y Tiquipaya Jhasmany «Cherry» Terán, recomienda modificar el código penal y otras leyes necesarias para imponer castigos ejemplares a quienes abusen de su cargo para beneficio personal. El objetivo es garantizar que cualquier juez o fiscal que incurra en corrupción y manipule las decisiones judiciales se enfrente a una pena de 30 años de prisión.

«Las consecuencias de este sistema judicial deficiente son devastadoras: Vidas y Familias enteras son destruidas por veredictos injustos, vidas arruinadas por decisiones corruptas y la credibilidad de las instituciones se desmorona cada vez más», afirmó el candidato a diputado por Quillacollo y Tiquipaya.

La senadora anteriormente ha utilizado el término «maleantes» para referirse a algunos jueces, generando controversia. Esta declaración ha provocado reacciones diversas en el ámbito político y judicial, con algunos apoyando la acusación y otros rechazándola como una falta de respeto a la investidura de los jueces.

La senadora Silvia Salame no ha especificado a qué jueces se refiere ni ha presentado pruebas concretas de sus acusaciones. Esto ha llevado a que algunos la acusen de hacer declaraciones infundadas y de utilizar un lenguaje ofensivo que podría socavar la confianza en el sistema judicial.

La abogada ha manifestado preocupación por la falta de independencia de algunos jueces y fiscales, quienes podrían estar influenciados por intereses externos o presiones políticas.

Salame ha señalado que algunas leyes y decisiones judiciales están en contradicción con la Constitución Política del Estado, lo que representa una amenaza para el Estado de derecho.

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