Un indignante operativo conjunto ejecutado por la Alcaldía de la capital y la Defensoría del Pueblo permitió desbaratar un hogar de ancianos clandestino, donde se constató una gravísima vulneración a los derechos fundamentales de los internos.
En el recinto ilegal se encontraron a 11 personas de la tercera edad viviendo bajo condiciones alarmantes de hacinamiento, insalubridad extrema e, incluso, varios de ellos estaban maniatados y con signos visibles de haber sufrido agresiones físicas.
Los inescrupulosos responsables de este asilo clandestino operaban cobrando la suma de 3.000 bolivianos mensuales por cada adulto mayor, lucrando de manera insensible a costa de mantenerlos sumidos en un abandono total y en instalaciones totalmente precarias.
Durante la exhaustiva intervención llevada a cabo por las autoridades competentes, también se hallaron grandes cantidades de alimentos en avanzado estado de descomposición y se identificó de manera urgente a varios ancianos que requerían atención médica prioritaria debido a su delicado estado de salud física.
Ante la magnitud y la crueldad de los abusos descubiertos, el caso fue derivado de manera inmediata ante las instancias del Ministerio Público para iniciar las investigaciones formales y establecer con todo el peso de la ley las responsabilidades penales que correspondan contra los infractores.
Este aberrante suceso ha generado una profunda repulsa en la ciudadanía y las autoridades locales, quienes recalcaron con firmeza la absoluta necesidad de intensificar los controles sorpresivos en todo el municipio para clausurar de forma definitiva este tipo de establecimientos ilegales que lucran y ponen en grave riesgo la vida, la integridad física y la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Las familias afectadas exigen una sanción ejemplar y todo el peso de la ley para los desalmados administradores que operaban en la total impunidad, burlándose de las normas vigentes tras haber violentado a los ancianos.