La denominada “Inspección Vehicular Ambiental Municipal”, que el municipio del Cercado determinó implementar de forma obligatoria, carece de sustento legal y constitucional, según explicó el abogado Sergio Coca, exsecretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cochabamba.
Coca, afirmó que de acuerdo con la Ley 165, Ley General de Transporte aprobada el año 2011, los artículos 218 y 219 establecen la creación del Sistema Nacional de Revisión Técnica Vehicular, cuya administración y ejecución corresponde exclusivamente al nivel central del Estado. Este sistema tiene por finalidad verificar las condiciones técnicas, mecánicas y medioambientales de los vehículos públicos y privados en todo el territorio nacional, con el objetivo de reducir accidentes y minimizar la contaminación ambiental.
“La inspección vehicular ambiental municipal que están implementando en Cercado es ilegal e inconstitucional (…) no es meterle, no más, señor alcalde. La Ley 165 deja claramente establecidas sus competencias y usted no puede hacer una verificación medioambiental en Cochabamba y cobrar, porque esa es una competencia legal que usted no tiene. Se está ganando un proceso”, afirmó Coca.
Coca aclaró que, en virtud de esta norma, ningún gobierno municipal tiene competencia legal para imponer una inspección vehicular ambiental obligatoria ni para cobrar una tasa o derecho de circulación bajo ese concepto. Sí, está facultado para acciones de cuidado del medio ambiente, pero sin cobro de tasas.
La inspección vehicular ambiental municipal es ilegal e inconstitucional, y cualquier intento de imponerla debe ser anulado por contravenir la normativa nacional y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La concejal de Cercado Silvia Soliz denuncio que nuevo impuesto maquillado como «Inspección técnica ambiental» será aplicado desde el municipio de Cochabamba para el transporte público y privado donde la normativa tiene un alcance a otras provincias, las multas por incumplimiento a esta ley municipal serán desde 250, 500 y 750 Bolivianos.