El espacio público se ha convertido en estacionamientos controlados por muchos particulares que cobran montos a su gusto como un parqueo privado. Delimitan sus zonas, recurren a amenazas y hasta dañan los vehículos para presionar por el pago. Los comerciantes también lucran. En medio de las vías atestadas de motorizados, encontrar un espacio libre es una suerte. Los pocos lugares disponibles están ‘reservados’ con conos por cuidantes de autos que se han adueñado de las vías de la ciudad, principalmente en los centros de abasto.
Lo que comenzó hace años como una actividad de subsistencia a cambio de una propina voluntaria para cuidar vehículos en la vía pública se ha convertido en un negocio para cientos de personas que operan sin autorización. La dinámica es recurrente en el centro de la ciudad, en los alrededores de los mercados, afuera de oficinas públicas y otros sitios con alta concurrencia. Al intentar estacionar, el conductor es abordado por gente que le da indicaciones. A veces, estas personas entregan un recibo con el monto que cobran por estacionar en la calle.
Dependiendo de la zona, el tiempo de permanencia o si existe algún evento que incremente la demanda de estacionamientos, el cobro oscila generalmente entre Bs 2 y Bs 15, aunque muchos conductores se quejan de que durante las ferias, incluso, llegan a cobrar hasta Bs 20 por un espacio, pese a estar sobre la vía pública.
Pese a las quejas de los ciudadanos y a los operativos de la Alcaldía por recuperar los espacios públicos, el negocio sigue creciendo. Como es una actividad informal, no pagan impuestos y hay personas que lucran con esto. La normativa municipal prohíbe la ocupación del espacio público, pero es necesario regular el tema del parqueo. El arquitecto Jorge Guido Landívar señala que, si bien hay una ley que regula el sistema de movilidad urbana, aún faltan normas específicas para la figura del estacionamiento en la vía pública.
La Ley de Movilidad Urbana establece como una falta muy grave colocar conos y otros objetos para reserva de espacio en vía pública, sin la debida autorización de la autoridad municipal competente, a excepción de entidades financieras, los hospitales y los edificios diplomáticos.