La Paz
El analista financiero Jaime Dunn fue inhabilitado este miércoles por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como candidato presidencial para las elecciones generales previstas para el próximo 17 de agosto. La decisión se fundamenta en la existencia de deudas pendientes con el Estado, específicamente con el Gobierno Municipal de El Alto.
La Sala Plena del TSE determinó que Dunn no cumple con el requisito de solvencia fiscal, estipulado en la normativa electoral, que exige a todos los candidatos estar al día en sus obligaciones con cualquier entidad pública, incluyendo municipios.
La información clave para la inhabilitación fue remitida por la Alcaldía de El Alto, que reportó 14 requerimientos de pago, 14 procesos con sentencia ejecutoriada y cinco procesos adicionales con sentencias improbadas, todos vinculados a su gestión como Oficial Mayor Financiero entre 2000 y 2001, durante la administración del exalcalde José Luis Paredes.
Dunn, había anticipado que recurriría a todas las instancias posibles para revertir lo que consideraba una decisión injusta. “Voy a enfrentar esta justicia podrida con las herramientas que la misma ley me da”, advirtió. Según la resolución del TSE, el economista tiene un plazo de cinco días calendario para presentar una apelación extraordinaria.
En un video transmitido en vivo por su cuenta de TikTok, Dunn criticó la validez del informe edil y defendió que la única entidad competente para emitir certificaciones de solvencia fiscal es la Contraloría General del Estado. “¿La Alcaldía, qué pito toca en esto? Está clarísimo que el sistema tiene miedo. La oposición funcional tiene miedo. Están muertos de miedo”, expresó.
El Jefe de campaña de Libre en Santa Cruz, Branko Marinkovic manifestó que la resolución del Órgano Electoral sobre la postulación de Jaime Dunn, fue basado en la ley y se debería respetar, porque la ley no se puede dirimir en base «a favoritismos».
Branko considera que si Jaime Dunn acude a la justicia para buscar su habilitación, podría paralizar las elecciones, provocando «un daño» al proceso electoral. Agencias
