El diputado nacional, Carlos Alarcón Mondonio, exige al gobierno nacional juicio de responsabilidades a Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, por la estafa a Bolivia de 90 mil millones de dólares.
El gobierno tiene la información del gigantesco daño económico al Estado y la estafa histórica que ha sido Evo Morales, García Linera y Luis Arce, afirmó el parlamentario que estuvo en Tarija y se reunió con el alcalde, Johnny Torres Terzo. «Ellos aproximadamente han manejado en 20 años 90 mil millones de dólares», apuntó al explicar que 60 mil millones fueron por la venta y exportación de gas natural, 20 mil millones, del aumento de las Reservas Internacionales que había en ese momento.
Además, 13 mil millones de dólares por la deuda externa; si de esos 90 mil millones, el 10%, que son 9 mil millones, hubiesen destinado a la exploración de nuevos campos de gas y petróleo, no estaríamos en el desastre económico que estamos ahora, sentenció. Solo se precisaban 9 mil millones; todo ese dinero se despilfarró en empresas deficitarias, elefantes blancos, museos, canchitas; toda la información la tiene el gobierno en diferentes ministerios; de una vez por todas deben tomar los datos más relevantes y enjuiciar, dijo.
Sobre los datos con plena prueba y la argumentación necesaria, el gobierno debería presentar la proposición acusatoria, con un solo delito, daño económico gigantesco al Estado; debería presentarlo a la Fiscalía y aprobarlo en la Asamblea Legislativa, siguió. Según el parlamentario, en su criterio, este y el caso del hotel «Las Américas» son los más relevantes, por los cuales debe abrirse juicio de responsabilidades a esas personas. No es conveniente que lo denuncie la Asamblea; hay el riesgo de volverse juez y parte.
El gobierno tiene las pruebas y la voluminosa documentación; son todos los ministerios del área, que pueden hacer un trabajo bien serio y bien hecho, rápido y contundente, y que se concrete este otro Juicio de Responsabilidades, insistió. El diputado aseguró que no hay el riesgo de que el caso se diluya; de acuerdo a la Constitución, el daño económico al Estado es imprescriptible, aunque el gobierno tendría que hacerlo cuanto antes; otra instancia puede hacerlo, pero sería más moroso.