Jueza demanda a Ledezma por poner en riesgo su vida

La jueza Leidy Pamela Betancourt Rico, integrante del Tribunal de Sentencia N° 1 de Villa Tunari, presentó una acción de libertad contra el abogado Lurwyn Ledezma Fernández ante el Tribunal de Garantías Constitucional de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

En su demanda, la magistrada solicita tutela constitucional en el marco del derecho a la vida y a vivir una vida libre de violencia, pidiendo expresamente que el abogado elimine de manera definitiva los videos publicados en su TikTok en fechas 15 de septiembre y  7 de noviembre de 2025, en los que según su denuncia se hace referencia a ella y a otros miembros del juzgado de Villa Tunari.

La jueza Betancourt sostiene que esas publicaciones vulneran su presunción de inocencia, su imagen, dignidad y honra, afirmando que los contenidos se enmarcan en un “discurso de odio” que la ha colocado en una situación de vulnerabilidad y riesgo, al exponerla a ataques y amenazas de internautas desde el anonimato.

La audiencia de la acción de libertad fue fijada para este jueves por la tarde, ocasión en la que deberá comparecer el abogado Lurwyn Ledezma Fernández en calidad de accionado, quien manifiesta que “quieren callarme”, pero que continuará denunciando a jueces cuyo accionar se aleje de la normativa.

Dos juezas se encuentran bajo protección, luego de las amenazas y el asesinato del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia.

La encargada distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba Pamela Alcocer, en entrevista con El Avispero informó que las dos juezas que integraban el Tribunal de Sentencia N°1 de Villa Tunari se encuentran bajo protección, luego de las amenazas y el asesinato del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia, ocurrido el pasado viernes en la ciudad de Cochabamba.

Consultada sobre cómo este hecho ha golpeado al Poder Judicial y sobre las denuncias de presunta corrupción en ese juzgado del Trópico, Alcocer explicó que los jueces tienen obligaciones y derechos, y que actualmente está en aplicación un protocolo de independencia judicial destinado a fortalecer la imparcialidad y la seguridad de las autoridades judiciales.

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