La retractación pública de la senadora Claudia Mallón no frenó el proceso en su contra. La Comisión de Ética y Transparencia del Senado admitió la denuncia presentada por un empresario cochabambino, a raíz de las acusaciones que la legisladora realizó contra él y contra la empresa Tannur Ventures.
La resolución 015/2025–2026 establece que Mallón deberá responder por la presunta comisión de faltas graves y gravísimas contempladas en el Reglamento de Ética del Senado y presentar sus descargos en un plazo improrrogable de 15 días hábiles.
El proceso se activa después de que Mallón, de APB Súmate, se retractara públicamente de parte de sus denuncias y reconociera que utilizó información que habría sido manipulada. La senadora pidió disculpas al empresario Canedo y a su familia y señaló que un hombre de apellido Inchausti habría proporcionado a parlamentarios información manipulada.
“Mi disculpa va para el empresario Canedo de Cochabamba y para su familia”, afirmó Mallón, quien también sostuvo: “Hay de por medio un señor de apellido Inchausti que está enviando a parlamentarios información manipulada”.
Antes de retractarse, la legisladora había cuestionado públicamente a Tannur Ventures por un supuesto crecimiento patrimonial y operaciones inmobiliarias. Incluso planteó dudas sobre el origen de los recursos, mencionó posibles hechos de lavado de dinero y cuestionó la actividad de los empresarios vinculados a la compañía.
Entre sus declaraciones, Mallón llegó a preguntar: “¿Cómo una empresa inmobiliaria puede manejar tanto dinero?”, asegurando entonces que contaba con documentación que respaldaba sus denuncias.
Ahora, la Comisión de Ética deberá analizar la denuncia mientras Mallón tiene 15 días para preparar sus descargos. El caso pone nuevamente bajo escrutinio la responsabilidad de los legisladores al realizar acusaciones públicas y la obligación de verificar la información antes de difundirla.
Ahora, la Comisión de Ética analizará el caso, mientras se reabre el debate sobre la responsabilidad de los legisladores al realizar acusaciones públicas y la obligación de verificar la información antes de difundirla.