Wilson Sahonero denuncia un monstruoso esquema de corrupción y extorsión. Según documentación, todo comenzó con una reunión entre Maximiliano Dávila, jefe de FELCN CBBA, el juez Armando Navia y los fiscales Raúl Arze Orellana, Miguel Trigo y Limber Claure para conseguir una orden de allanamiento ilegal sin pruebas para plantarle droga y arrancarle un primer botín de extorsión de 300.000 dólares que se los llevó el capitán Harold Villanueva.
Sahonero detalla que la cabeza de esta organización criminal es el excoronel preso en EEUU, Maximiliano Dávila, seguido por Raúl Arze Orellana, Armando Navia, Miguel Trigo y Limber Claure, quienes operaron en consorcio con Armando Navia, señalado de dar la orden de allanamiento ilegal. Asimismo, a los 6 meses salió un rechazo porque Sahonero presentó documentación de cómo generó su riqueza con documentación y contratos con empresas y, a los 10 días del rechazo, llegó de Sucre el fiscal Fredy Larrea Melgar, actual vocal en Santa Cruz y cobrador del entonces fiscal general Ramiro Guerrero. Freddy Llarrea coordinó con las fiscales Andrea Reyes Carrasco y Sandra Nina hacer la reapertura ilegal sin pruebas, solo con el único objetivo de que Sahonero no reclame los dineros confiscados que llegarían a más de 200.000 dólares, dineros que se los robaron y hay documentación para probar esto.
Wilson Sahonero explicó que demostró con documentos 2 etapas de enriquecimiento del 2003 al 2007 con agencias de viajes; en esa etapa Bolivia tuvo el mayor flujo migratorio de bolivianos a España de la historia y con eso la mayor fuente de riqueza en remesas para Bolivia del 2007 al 2015 con negocios legítimos y muy prósperos como el PERIÓDICO LA VOZ. Otros negocios legales con informes de GRACO; en su juicio, la juez Damiana Medrano dijo en su sentencia que es inocente y nunca pudieron comprobar relación de su patrimonio con negocios ilícitos, pero los jueces Samuel Vargas y German Pardo, en coordinación con el abogado Patricio Vargas y los fiscales, lo sentenciaron con el único propósito de proteger a los fiscales y policías que estarían involucrados en el robo de los dineros confiscados y no darle opción a recuperar más de 200.000 dólares
Ante semejante red de abuso de poder y despojo, la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa investigará el caso. Este sería un paso para iniciar un juicio de responsabilidades para dichas autoridades cuestionadas. El juicio contra Sahonero fue un instrumento de persecución criminal por funcionarios que manejan la justicia y extorsión altamente lucrativa.
