Las recientes decisiones judiciales que favorecieron con detención domiciliaria al exjuez Hebert Zeballos y a Tatiana Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, reavivaron el debate sobre la independencia de la justicia boliviana y el avance del crimen organizado en el país. En ese contexto, el abogado constitucionalista William Herrera lanzó una de las críticas más duras contra el sistema judicial, al sostener que «el Estado boliviano está infiltrado por el narcotráfico y la corrupción».
El jurista afirmó que Santa Cruz se ha convertido en el principal escenario donde convergen hechos de corrupción, narcotráfico y presuntas redes de protección institucional. En su criterio, los casos que se han conocido en los últimos años muestran un patrón preocupante que pone en duda la capacidad del Estado para investigar y sancionar a quienes están vinculados con organizaciones criminales.
Herrera recordó el escándalo internacional registrado en 2023, cuando las autoridades españolas hallaron cerca de media tonelada de cocaína en un vuelo comercial que había partido desde el aeropuerto internacional de Viru Viru con destino a Madrid. Para el constitucionalista, ese episodio dejó en evidencia graves fallas en los controles aeroportuarios y abrió interrogantes sobre posibles niveles de complicidad dentro de las instituciones encargadas de la seguridad.
A ese antecedente ahora se suman los beneficios procesales otorgados a dos personas involucradas en casos de alto impacto. Tatiana Marset, investigada por sus presuntos vínculos con la estructura criminal liderada por su hermano Sebastián Marset, recibió detención domiciliaria. La misma medida favoreció al exjuez Hebert Zeballos, procesado dentro del denominado caso de las 31 maletas que ingresaron de manera irregular por el aeropuerto de Viru Viru.
Para Herrera, ambas resoluciones representan una señal alarmante para la ciudadanía. «Estos casos desnudan la fragilidad del Poder Judicial. Reina la corrupción y existe una preocupante facilidad para que personas investigadas obtengan beneficios judiciales», sostuvo.
El constitucionalista aseguró que, pese al cambio de Gobierno, no observa transformaciones profundas en las instituciones encargadas de impartir justicia ni en los organismos responsables de combatir el narcotráfico. Según dijo, las estructuras permanecen prácticamente intactas y los resultados continúan siendo insuficientes frente al crecimiento del crimen organizado.
Asimismo, advirtió que la corrupción ya no puede entenderse únicamente como un problema aislado de algunos funcionarios, sino como un fenómeno que, según su criterio, compromete la capacidad del Estado para responder con eficacia a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas. «Parece que algunos sectores del sistema nunca se enteraron de que hubo un cambio de gobierno», afirmó al cuestionar la falta de reformas.
Herrera sostuvo que Bolivia enfrenta un escenario complejo porque las instituciones llamadas a investigar y sancionar también deben recuperar la confianza ciudadana. En ese sentido, planteó que el país solicite asistencia técnica de organismos internacionales especializados en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y evitar posibles interferencias.
También consideró urgente impulsar una reforma integral del sistema judicial que contemple mecanismos de mayor transparencia, controles patrimoniales para jueces y fiscales, procesos de selección más rigurosos y sistemas permanentes de evaluación. A su juicio, sin una justicia independiente será imposible enfrentar las redes criminales que operan dentro y fuera del país.
El abogado reiteró que Bolivia necesita una respuesta contundente y coordinada. «El Estado boliviano no puede salir por sí solo del pozo en el que estamos», afirmó, insistiendo en que la cooperación internacional y una verdadera depuración institucional son indispensables para recuperar la credibilidad de la justicia y frenar el avance del narcotráfico.