La Fiscalía admitió una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales y otras once personas, a quienes se les acusa de “autores y cómplices” de trata de personas. De acuerdo con el memorial —admitido el 30 de diciembre—, los hechos se produjeron entre 2015 y 2020. La presunta víctima fue identificada como Noemí Meneses Chávez, quien —según la acusación— fue trasladada por vía aérea desde los 14 años a distintos destinos del país para sostener encuentros íntimos con el entonces jefe de Estado.
Entre los cómplices, el memorial menciona al exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, además de otras diez personas que, según Alcázar, facilitaron el traslado de la entonces menor desde Cochabamba hacia otros departamentos del país. En la lista figuran funcionarios y exfuncionarios públicos, así como personas vinculadas a distintas reparticiones estatales.
También se menciona a Rodolfo Castro, actual funcionario de Mi Teleférico; a Luis Hernán Soliz Morales, quien en 2020 figuraba como asistente personal del exmandatario, dependiente del Ministerio de la Presidencia, y a servidores públicos relacionados con la Gobernación de Cochabamba y la Caja de Salud. Uno de los nombres que resalta en el documento es el de Carla Lorena Sandy, abogada que ocupó diversos cargos durante los gobiernos del MAS, entre ellos el de viceministra de Igualdad de Oportunidades en 2022 y directora de unidad en el Ministerio de Educación. Actualmente, según la denuncia, se desempeñaría como segunda secretaria de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entidad en la que recientemente impulsó la declaración del “Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Indígenas”.
Respecto a Casso, la denuncia recuerda que fue gerente de BoA durante las gestiones de Morales y de Luis Arce, y menciona además que su hermano, un excoronel de la Policía, fue asesor del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, lo que, en criterio del denunciante, refuerza la hipótesis de una red de influencias que permitió facilitar los traslados.
Alcázar sostuvo que allegados a Morales compraron los pasajes para Meneses y que, con apoyo interno, se burlaron los protocolos de seguridad. La denuncia señala que ni BoA ni las terminales aéreas de Cochabamba, Santa Cruz y, principalmente, La Paz exigieron el permiso para esos viajes.