Durante años, Alberto Koube fue la pieza que conectó dos mundos que nunca debieron tocarse: el dinero sucio de Sebastián Marset y las estructuras formales del Grupo Vázquez, la familia propietaria de Ueno Holding y de lo que luego sería Ueno Bank.
La acusación fiscal del Operativo A Ultranza Py reconstruyó ese puente con precisión: entre noviembre y diciembre de 2021, mientras Marset estaba detenido en Dubái, Koube movió entre US$ 3,8 y US$ 4,1 millones a través de contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito en Credicentro, IOIO SAECA y Ueno Holding.
La Fiscalía no habla de depósitos, sino de simulaciones: préstamos ficticios que Koube supuestamente recibía de Credicentro para justificar inversiones en empresas del mismo grupo, todo con el fin de dar apariencia legal a fondos del narcotráfico.
El día más intenso fue el 28 de diciembre de 2021. En una sola jornada, Koube articuló dos operaciones por US$ 2,5 millones a través de Are Inversiones SA, una firma que, según la acusación, habría sido adquirida para Marset. A eso se sumaron 1.300 millones de guaraníes en Credicentro a nombre de su pareja, María Noelia Colmán, y semanas antes, 10.000 millones de guaraníes en IOIO SAECA. Las instrucciones, según conversaciones filtradas, llegaban desde Dubái por mensajes que Marset enviaba a través de su cuñado, Mauro García Troche.
LA QUIEBRA
El lavado de Marset no ocurrió en un banco cualquiera. Ocurrió en las entrañas de una entidad que, años después, se convertiría en la cuarta más grande de Paraguay, con 2,94 millones de clientes y una relación directa con el poder político.
La conexión Marset-Ueno ya no es una hipótesis. Es el eje de una causa que comenzó con contratos simulados por menos de US$ 5 millones y terminó exponiendo un banco que manejaba miles de millones en depósitos, una cartera de créditos ficticia de US$ 74 millones y un expresidente en prisión preventiva.
La pregunta incómoda que se hacen las autoridades es: si el dinero de Marset pudo entrar por la puerta de Credicentro en 2021, ¿cuánto más entró después, cuando ese mismo grupo ya controlaba un banco entero?.
TORMENTA POLÍTICA
El 4 de noviembre de 2026, el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank. El índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo requerido, y el BCP inició “por unanimidad” el procedimiento de resolución o cierre. Siete directivos fueron detenidos. El Instituto de Previsión Social (IPS) tenía US$ 355 millones invertidos en el banco, equivalentes a cerca del 9% de su cartera total, y Ueno gestionaba el pago de pensiones de unos 32.000 jubilados.
El terremoto político no tardó en llegar. El expresidente Santiago Peña había sido accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, cuando vendió su participación. Fue imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, y se le dictó prisión preventiva. Su destitución se produjo tras un juicio político por “mal desempeño de funciones”.