La Paz
La escalada de conflictividad social en la ciudad de La Paz ha abierto un debate institucional inédito en Bolivia. Ante el cerco de las movilizaciones gremiales y los persistentes bloqueos viales impulsados por choferes y sectores campesinos del altiplano, diversos liderazgos políticos plantearon formalmente trasladar de manera momentánea las funciones de la Presidencia del Estado y de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hacia el departamento de Santa Cruz.
Quienes impulsan la iniciativa sostienen que la medida no representa una modificación definitiva de la Sede de Gobierno, sino un mecanismo de contingencia amparado en la legislación vigente. De acuerdo con el ordenamiento constitucional boliviano, el presidente Rodrigo Paz posee las facultades legales plenas para ejercer la gobernabilidad y el mando administrativo desde cualquier punto dentro del territorio nacional. Asimismo, la normativa faculta a la ALP a sesionar fuera de su recinto habitual cuando medien causales de fuerza mayor, permitiéndole convocar a los legisladores en cualquiera de las regiones del país.
CRISIS SOCIAL
Esta propuesta cobra fuerza en medio de un escenario de alta polarización política y asfixia urbana en la sede de funciones administrativas. El gobierno de Rodrigo Paz afronta protestas generalizadas de la Central Obrera Boliviana (COB) y comités vecinales que exigen mejoras salariales y reclaman por el encarecimiento logístico derivado del fin del subsidio a los carburantes. Las movilizaciones paralizaron los accesos troncales que conectan a La Paz con El Alto, la red interdepartamental y las fronteras con Perú y Chile.
El traslado temporal a Santa Cruz busca preservar la continuidad del aparato público y resguardar la seguridad de las autoridades ante el riesgo de parálisis institucional. No obstante, la alternativa genera reticencias en bloques opositores tradicionales, quienes advierten que descentralizar los poderes del Estado podría tensar aún más la frágil estabilidad sociopolítica del país.